Proyecto realizado para unificar dos tecnologías que hasta ahora se habían mantenido alejadas, los sistemas de Gestión de Expedientes y las herramientas de análisis de la inteligencia de negocio (BI); para ofrecer a los directivos de empresas o administraciones la posibilidad de crear y manejar cuadros de mando vinculados con sus expedientes.
El BOE publicó el 6 de julio de 2011 la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
La Administración de Justicia tiene una serie de características que la diferencian del resto de administraciones públicas; por su naturaleza, ya que se trata de un poder del Estado distinto del poder ejecutivo, y por su relación con los ciudadanos, que suele establecer casi siempre a través de profesionales (circunstancia que no suele suceder en el caso de las demás Administraciones).
Es por ello que, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos no cubre la aplicación plena en las Administraciones de Justicia y se debe realizar una regulación específica.
Proyecto, con nº de expediente TSI-020602-2012-198 cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, desarrollo e Innovación Tecnológica, Subprograma de Competitividad I+D.
La Ley 11/2007 de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en su artículo 24.4, en el ámbito de la Administración General del Estado, especifica que “se automatizarán las oficinas de registro físicas a fin de garantizar la interconexión de todas sus oficinas y posibilitar el acceso por medios electrónicos a los asientos registrales y a las copias electrónicas de los documentos presentados.”
La recientemente aprobada Ley 25/2009 especifica la obligación de las organizaciones colegiales de disponer de la ventanilla única para que los profesionales puedan realizar todos sus trámites a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia. Pero además hay que tener en cuenta que le Ley Omnibus exige controlar el registro electrónico y la tramitación de expedientes.
Ya han transcurrido seis años desde que saliera a la luz la Directiva Comunitaria 18/2004/CE, que obligaba a las Administraciones Públicas europeas, entre otras cuestiones, a incorporar nuevos procedimientos de carácter electrónica/digital en la Contratación Administrativa.
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